El PP aprovechó la crisis económica para imponer políticas de desregulación laboral y graves desequilibrios e individualización en las relaciones laborales, un aumento de la precariedad en todas sus dimensiones: depreciación salarial, mayor desigualdad y pobreza, incluso entre las personas ocupadas, especialmente mujeres y jóvenes. En definitiva, impusieron la ley del más fuerte, con un aumento de ganancias empresariales desproporcionado respecto a las rentas del trabajo. Un camino iniciado ya anteriormente por el PSOE.
En una sociedad con perspectivas de futuro, el trabajo es un factor de creación de riqueza y cohesión social, y por eso era necesario reducir temporalidad y desigualdad, así como revertir la bajada continua de salarios, porque tener trabajo ya no es garantía de llegar a fin de mes para 3,2 millones de personas.
El Ministerio de Trabajo que encabeza Yolanda Díaz, perteneciente a Unidas Podemos, está impulsando políticas laborales pioneras en Europa, como la regulación de los Riders o los ERTES, plenamente orientadas al empleo. Dos años después del inicio de la pandemia se han recuperado 777.000 puestos de trabajo y reducido el paro en 902.000 personas debido, entre otras medidas a los ERTE. Un mecanismo de suspensión temporal financiado por el estado que ha permitido, con la prohibición de despidos, frenar la destrucción de empleo y una recuperación económica más rápida.
La subida del Salario Mínimo (la tercera de este Gobierno, que lo ha aumentado 264€, de 736€ a 1000€, el 35,87% en apenas 2 años) permite revertir la devaluación salarial, reduciendo la desigualdad, reactivando la demanda y fortaleciendo la estructura de ingresos del sistema público de pensiones (en España este salario es la base mínima de cotización a la Seguridad Social).
Un acuerdo dialogado
Después de 9 meses de negociaciones, en diciembre se cerraba un acuerdo que deroga la columna vertebral de las reformas del PP, con una norma que supone un avance después de décadas de pérdida de derechos, de forma dialogada con los agentes sociales.
Con toda seguridad, en un gobierno en solitario de Unidas Podemos la reforma hubiera podido ser mucho más ambiciosa, pero contiene elementos suficientemente valiosos como para considerar que supone un avance substancial en la regulación laboral en el estado español, el primero desde hace décadas.
Se trata sin duda de la norma más importante de toda la legislatura por su impacto sobre la calidad de vida de la mayoría de la población, y tiene un valor clave: dotar de mayor estabilidad al gobierno de coalición y reforzar al equipo del Ministerio de Trabajo para seguir avanzando y reformando el sistema laboral español y dar respuesta a las necesidades actuales de las trabajadoras; refuerza el flanco izquierdo del Gobierno para seguir luchando por una sociedad más justa para las clases populares.
Se trata de una regulación pactada, que cumple los compromisos con la UE y abre el acceso a otros 10 000 millones de euros de fondos europeos, y con la firma de la patronal, abre paso a una nueva etapa en las relaciones laborales, estableciendo las bases para una recuperación más justa e inclusiva. El acuerdo con la patronal supone el aislamiento político de sus aliados tradicionales, la derecha y la extrema derecha que quieren hacer del país su particular patio de recreo.
Estos son algunos de los principales elementos de la reforma:
– La contratación, haciendo del contrato indefinido el contrato de referencia, recuperando la causalidad, reduciendo las modalidades de contrato eventual, suprimiendo uno de los grandes focos de fraude en la contratación: el contrato de obra o servicio y regularizando la contratación de jóvenes con una formación profesional en alternancia laboral.
– Se hace de los actuales ERTE una herramienta estructural para proteger el empleo en situaciones de crisis.
– La apuesta por la recuperación real de la capacidad reguladora y contractual de la negociación colectiva, con prevalencia del convenio sectorial en salarios y clasificación profesional y la consiguiente mejora de capacidad organizativa de las trabajadoras.
– La recuperación de la ultraactividad en la negociación colectiva sin límite en el tiempo, para que nadie tenga que escoger entre un mal acuerdo o seguir negociando y movilizándose, para alcanzar un acuerdo que permita avanzar en derechos y condiciones laborales, con posibilidades de éxito.
La nueva norma, con una visión más humana del papel del estado, deroga la reforma laboral del Partido Popular y da respuesta a un reto: transformar y reequilibrar el modelo de relaciones laborales heredado del PP anteponiendo a las personas. Crecer en derechos para garantizar una vida más sostenible, fortalecer el vínculo entre salario, salario indirecto (servicios públicos y derechos de ciudadanía) y el salario diferido, el sistema público de pensiones; reforzando la creación de empleo de calidad y con derechos.
En definitiva, trabajo digno para todos, por un nuevo modelo de relaciones laborales al servicio de una sociedad más justa y democrática.
A pesar de esa calidad de pacto de estado por la calidad del empleo y la democratización de las relaciones laborales, el pasado jueves asistimos a uno más de los lamentables episodios a que nos tiene acostumbrados la derecha extrema en España, que intentó con una burda maniobra que recuerda a otros episodios del pasado como el tamayazo, frustrar la convalidación de la reforma laboral, intento que se saldó con un fracaso por errores propios. Asistimos a un nuevo intento de deslegitimación de una medida propuesta por el Gobierno, por parte de aquellos que representan la cultura del odio y hacen de la depredación de la población y el territorio su razón de ser.
Actuación que fue acompañada de una posición desfavorable a la convalidación de algunas de las fuerzas políticas del bloque de investidura (muy destacadamente de ERC por su actitud y agresividad), legítima sin duda, pero que denota una irresponsabilidad política ante el ascenso de la derecha extrema y una falta de compromiso con las condiciones de vida de la población francamente preocupantes.
Pero un pleno parlamentario no se juzga por cómo empieza, sino por cómo acaba y acaba con una victoria que vale oro para las gentes honradas y trabajadoras de este país. Como dice la canción “Lo que brilla con luz propia Nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar La oscuridad de otras cosas”. Y el brillo de lo conseguido habla por sí solo.
Artículo escrito por la abogada y regidora de l’Hospitalet en Comú Podem, Núria Lozano Montoya. Publicado originalmente en la revista Sinistra Sindicale.
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